PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. PREÁMBULO

La igualdad, como pilar básico del sistema democrático y del estado social y de derecho, debe estar junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político dentro de los valores superiores cuya vigilancia y garantía de cumplimiento han de salvaguardar los poderes públicos. El respeto a la igualdad está comprometido por el artículo 14 de nuestra Constitución, ubicación que la configura como un derecho fundamental merecedor de la máxima protección. Constituyendo además un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, conforme al artículo 1.1 de la Constitución y siendo obligación de los poderes públicos la de promover la efectividad del mismo, conforme al artículo 9.2 del mismo texto legal.

La igualdad tiene que ser garantizada, entre otras, mediante el desarrollo de instrumentos y estructuras que permitan la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral, en evitación de una necesaria pero mera situación de igual en el plano formal; creando un escenario jurídico y social en el que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres sea una posibilidad real y se modifiquen los roles tradicionales de unos y otras dentro de la familia y el hogar y respecto de la actividad profesional.

II

Esta reivindicación no es novedosa. Ya en el año 1919 el Convenio número 3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aludía a la defensa de la mujer trabajadora, mencionando cuestiones relativas al empleo de las mujeres antes y después del parto. En el año 1965 se aprueba la Recomendación número 123, sobre el empleo de mujeres con responsabilidades familiares, en la cual se pone de manifiesto que aumenta el número de mujeres que trabajan fuera de su hogar y que muchas de ellas se encuentran con problemas para conciliar su vida personal y familiar con la profesional; afirmándose que estos problemas no son exclusivos de las mujeres sino que son afectan a los trabajadores en general, a la familia y a la sociedad en su conjunto. En 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege a la familia y a las madres trabajadoras con un permiso retribuido de maternidad. La Convención de Naciones Unidas de 19 de diciembre de 1979, recomendó a los Estados parte que adoptaran medidas tendentes a lograr la conciliación de la vida profesional y familiar de mujeres y hombres. En 1981 se adopta el Convenio número 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el cual parte de la base de que “para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”. Mediante la firma de la Carta Social Europea, promulgada en 1961, los Estados miembros se comprometen a garantizar a las mujeres, como mínimo y entre otras, doce semanas de descanso antes y después del parto con prestaciones a cargo de la Seguridad Social.

Es obvio que los textos normativos que se han promulgado en fechas posteriores, en ocasiones completando o sustituyendo a algunos de los mencionados anteriormente, no han hecho sino profundizar en la necesidad de estructurar políticas y medidas que garanticen la igualdad de los trabajadores, favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal y/o familiar y modifiquen los roles tradicionales mujer/hombre, fomentando políticas normativas de ámbito laboral.

Por ende, conseguir una efectiva conciliación de la vida laboral, personal y familiar pasa por empoderar el derecho fundamental y valor superior de la igualdad de manera real, con desarrollos normativos como el que se propone aquí, superando de esta manera la incongruencia de nuestra realidad social y laboral en la que la igualdad formal conseguida con el acceso al mercado laboral de la mujer ha quedado configurada en falso con la sobrecarga a las mujeres de una actividad profesional que con frecuencia se suma a unas tareas del hogar asumidas en solitario o en un porcentaje muy superior al que asumen los hombres y, por tanto, desigual.

III

Que estas exigencias que derivan de la normativa internacional han tenido su reflejo en el ordenamiento jurídico español a través, entre otras, de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; en cuyo artículo 44.1 se dispone que “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en la forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio”.

Lamentablemente, sin embargo, la abogacía ha permanecido al margen por las propias características de una profesión que es en un porcentaje muy elevado ejercida por trabajadores por cuenta propia, con frecuencia titulares de un despacho unipersonal que convierte la relación con el cliente en una relación personalísima y que se someten en su ejercicio profesional a lo dispuesto en leyes de procedimiento como la Ley de Enjuiciamiento Civil que, pese a estar fechada en el año 2001, no contiene previsión alguna a este respecto.

IV

En este escenario una reciente encuesta encargada por el Consejo General de la Abogacía Española revela que el 72% de los abogados y abogadas encuestadas consideran mejorables los medios disponibles para compaginar la vida personal, familiar y laboral; muy especialmente en lo que respecta a legislación, flexibilidad horaria y permisos de maternidad y paternidad.

V

La solución a la precaria situación en que se encuentran los letrados y letradas que ejercen su profesión como profesionales adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o como adscritos a la Mutualidad de la Abogacía, pasa por instar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que materialice los siguientes objetivos:

  1. Proteger a las abogadas durante el embarazo, garantizando que no sufran esperas interminables para celebrar las vistas de los procedimientos en que hayan de intervenir y protegiendo su descanso y bienestar.

  1. Garantizar los derechos de las abogadas tras el parto, garantizando que puedan recuperarse del mismo sin poner en peligro la viabilidad de sus despachos profesionales.

  1. Garantizar los derechos de los hijos de abogadas, facilitando la lactancia en todo caso durante los primeros seis meses de vida.

  1. Garantizar los derechos de los hijos de abogados o abogadas asegurando que, producido el hecho del parto, la adopción o acogimiento, dispongan de un tiempo prudencial para estar en su compañía.

  1. Facilitar que abogados y abogadas puedan colaborar en el cuidado de sus hijos y otros familiares a cargo; así como involucrarse en el día a día de sus hijos, creando así un ambiente favorable a la corresponsabilidad en el desempeño de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos.

  1. Garantizar que abogados y abogadas dispongan de tiempo de ocio y períodos de descanso, inherentes al trabajo según la normativa internacional y nacional y sin que deba diferenciarse entre trabajo por cuenta ajena y propia a este respecto.

Por todo ello, con el fin de eliminar las desigualdades existentes que suponen una limitación en el desarrollo personal y profesional de la mujer frente al hombre por el mero hecho de serlo, el Grupo Parlamentario de ______________ presenta la siguiente Proposición de Ley:

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Artículo Uno. Modificación del artículo 19 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El art. 19 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificado como sigue:

“Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.

3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia.

4. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.

5. Cualquiera de los letrados intervinientes podrá solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero, que el plazo de la suspensión no supere los ciento veinte días y que conste debidamente acreditado, en caso de fallecimiento, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad; o de personas dependientes.

6. Cualquiera de las letradas intervinientes podrá solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero, que el plazo de la suspensión no supere los ciento veinte días y que conste debidamente acreditado, a partir de la semana treinta y dos de embarazo.

7. Cualquiera de los letrados intervinientes podrá solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero, que el plazo de la suspensión no supere los ciento veinte días y que conste debidamente acreditado en caso de parto, adopción o acogimiento.”

Artículo Dos. Modificación del apartado 4 del artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El apartado 4 del artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificado como sigue:

“Artículo 182.4 Los Secretarios Judiciales establecerán la fecha y hora de las vistas o trámites equivalentes sujetándose a los criterios e instrucciones anteriores y gestionando una agenda programada de señalamientos y teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

1.º El orden en que los procedimientos lleguen a estado en que deba celebrarse vista o juicio, salvo las excepciones legalmente establecidas o los casos en que el órgano jurisdiccional excepcionalmente establezca que deben tener preferencia. En tales casos serán antepuestos a los demás cuyo señalamiento no se haya hecho.

2.º La disponibilidad de sala prevista para cada órgano judicial.

3.º La organización de los recursos humanos de la Oficina judicial.

4.º El tiempo que fuera preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos.

5.º La coordinación con el Ministerio Fiscal en los procedimientos en que las leyes prevean su intervención.

6.º Las necesidades durante el embarazo y durante el período de lactancia de la letrada que haya de intervenir, debidamente acreditados ambos y durante toda su extensión;

7.º Las necesidades que en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral acrediten los letrados y letradas personados en las actuaciones.”

Artículo Tres. Modificación del apartado 1 del artículo 188 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El apartado 1 del artículo 188 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil queda modificado como sigue:

“Artículo 188. Suspensión de las vistas.

1. La celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse, en los siguientes supuestos:

1.º Por impedirla la continuación de otra pendiente del día anterior.

2.º Por faltar el número de Magistrados necesario para dictar resolución o por indisposición sobrevenida del Juez o del Secretario judicial, si no pudiere ser sustituido.

3.º Por solicitarlo de acuerdo las partes, alegando justa causa a juicio del Secretario judicial.

4.º Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada suficientemente a juicio del Secretario judicial, se hubiese producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.

5.º Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta, nacimiento, adopción o acogimiento del letrado o letrada que pidiere la suspensión, o por accidente, enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, o personas dependientes del solicitante. Debiendo en tal caso acreditar los hechos por los que se hubiesen producido y cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183.

6.º Por tener el abogado defensor dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos Tribunales, resultando imposible, por el horario fijado, su asistencia a ambos, siempre que acredite suficientemente que, al amparo del artículo 183, intentó, sin resultado, un nuevo señalamiento que evitara la coincidencia.

En este caso, tendrá preferencia la vista relativa a causa criminal con preso y, en defecto de esta actuación, la del señalamiento más antiguo, y si los dos señalamientos fuesen de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno.

No se acordará la suspensión de la vista si la comunicación de la solicitud para que aquélla se acuerde se produce con más de tres días de retraso desde la notificación del señalamiento que se reciba en segundo lugar. A estos efectos deberá acompañarse con la solicitud copia de la notificación del citado señalamiento.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las vistas relativas a causa criminal con preso, sin perjuicio de la responsabilidad en que se hubiere podido incurrir.

7.º Por haberse acordado la suspensión del curso de las actuaciones o resultar procedente tal suspensión de acuerdo con lo dispuesto por esta ley.

8.º Por demoras que excedan de treinta minutos respecto del señalamiento fijado conforme a las reglas del artículo 183.3 y 4, siempre que estas afecten a vista en que hayan de intervenir letradas embarazadas o en período de lactancia y que consten debidamente acreditadas estas circunstancias o puedan acreditarse al tiempo de solicitar la suspensión.