Artículo Uno. Modificación del artículo 19 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El art. 19 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificado como sigue:

“Artículo 19. Derecho de disposición de los litigantes. Transacción y suspensión.

1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se pretenda poner fin.

3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia.

4. Asimismo, las partes podrán solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Secretario judicial mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero y que el plazo de la suspensión no supere los sesenta días.

5. Cualquiera de los letrados intervinientes podrá solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero, que el plazo de la suspensión no supere los ciento veinte días y que conste debidamente acreditado, en caso de fallecimiento, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad; o de personas dependientes.

6. Cualquiera de las letradas intervinientes podrá solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero, que el plazo de la suspensión no supere los ciento veinte días y que conste debidamente acreditado, a partir de la semana treinta y dos de embarazo.

7. Cualquiera de los letrados intervinientes podrá solicitar la suspensión del proceso, que será acordada por el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto siempre que no perjudique al interés general o a tercero, que el plazo de la suspensión no supere los ciento veinte días y que conste debidamente acreditado en caso de parto, adopción o acogimiento.”

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