PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. PREÁMBULO

La igualdad, como pilar básico del sistema democrático y del estado social y de derecho, debe estar junto con la libertad, la justicia y el pluralismo político dentro de los valores superiores cuya vigilancia y garantía de cumplimiento han de salvaguardar los poderes públicos. El respeto a la igualdad está comprometido por el artículo 14 de nuestra Constitución, ubicación que la configura como un derecho fundamental merecedor de la máxima protección. Constituyendo además un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, conforme al artículo 1.1 de la Constitución y siendo obligación de los poderes públicos la de promover la efectividad del mismo, conforme al artículo 9.2 del mismo texto legal.

La igualdad tiene que ser garantizada, entre otras, mediante el desarrollo de instrumentos y estructuras que permitan la conciliación de la vida personal y familiar con la vida laboral, en evitación de una necesaria pero mera situación de igual en el plano formal; creando un escenario jurídico y social en el que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres sea una posibilidad real y se modifiquen los roles tradicionales de unos y otras dentro de la familia y el hogar y respecto de la actividad profesional.

II

Esta reivindicación no es novedosa. Ya en el año 1919 el Convenio número 3 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aludía a la defensa de la mujer trabajadora, mencionando cuestiones relativas al empleo de las mujeres antes y después del parto. En el año 1965 se aprueba la Recomendación número 123, sobre el empleo de mujeres con responsabilidades familiares, en la cual se pone de manifiesto que aumenta el número de mujeres que trabajan fuera de su hogar y que muchas de ellas se encuentran con problemas para conciliar su vida personal y familiar con la profesional; afirmándose que estos problemas no son exclusivos de las mujeres sino que son afectan a los trabajadores en general, a la familia y a la sociedad en su conjunto. En 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales protege a la familia y a las madres trabajadoras con un permiso retribuido de maternidad. La Convención de Naciones Unidas de 19 de diciembre de 1979, recomendó a los Estados parte que adoptaran medidas tendentes a lograr la conciliación de la vida profesional y familiar de mujeres y hombres. En 1981 se adopta el Convenio número 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, el cual parte de la base de que “para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”. Mediante la firma de la Carta Social Europea, promulgada en 1961, los Estados miembros se comprometen a garantizar a las mujeres, como mínimo y entre otras, doce semanas de descanso antes y después del parto con prestaciones a cargo de la Seguridad Social.

Es obvio que los textos normativos que se han promulgado en fechas posteriores, en ocasiones completando o sustituyendo a algunos de los mencionados anteriormente, no han hecho sino profundizar en la necesidad de estructurar políticas y medidas que garanticen la igualdad de los trabajadores, favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal y/o familiar y modifiquen los roles tradicionales mujer/hombre, fomentando políticas normativas de ámbito laboral.

Por ende, conseguir una efectiva conciliación de la vida laboral, personal y familiar pasa por empoderar el derecho fundamental y valor superior de la igualdad de manera real, con desarrollos normativos como el que se propone aquí, superando de esta manera la incongruencia de nuestra realidad social y laboral en la que la igualdad formal conseguida con el acceso al mercado laboral de la mujer ha quedado configurada en falso con la sobrecarga a las mujeres de una actividad profesional que con frecuencia se suma a unas tareas del hogar asumidas en solitario o en un porcentaje muy superior al que asumen los hombres y, por tanto, desigual.

III

Que estas exigencias que derivan de la normativa internacional han tenido su reflejo en el ordenamiento jurídico español a través, entre otras, de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; en cuyo artículo 44.1 se dispone que “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en la forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio”.

Lamentablemente, sin embargo, la abogacía ha permanecido al margen por las propias características de una profesión que es en un porcentaje muy elevado ejercida por trabajadores por cuenta propia, con frecuencia titulares de un despacho unipersonal que convierte la relación con el cliente en una relación personalísima y que se someten en su ejercicio profesional a lo dispuesto en leyes de procedimiento como la Ley de Enjuiciamiento Civil que, pese a estar fechada en el año 2001, no contiene previsión alguna a este respecto.

IV

En este escenario una reciente encuesta encargada por el Consejo General de la Abogacía Española revela que el 72% de los abogados y abogadas encuestadas consideran mejorables los medios disponibles para compaginar la vida personal, familiar y laboral; muy especialmente en lo que respecta a legislación, flexibilidad horaria y permisos de maternidad y paternidad.

V

La solución a la precaria situación en que se encuentran los letrados y letradas que ejercen su profesión como profesionales adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o como adscritos a la Mutualidad de la Abogacía, pasa por instar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que materialice los siguientes objetivos:

  1. Proteger a las abogadas durante el embarazo, garantizando que no sufran esperas interminables para celebrar las vistas de los procedimientos en que hayan de intervenir y protegiendo su descanso y bienestar.

  1. Garantizar los derechos de las abogadas tras el parto, garantizando que puedan recuperarse del mismo sin poner en peligro la viabilidad de sus despachos profesionales.

  1. Garantizar los derechos de los hijos de abogadas, facilitando la lactancia en todo caso durante los primeros seis meses de vida.

  1. Garantizar los derechos de los hijos de abogados o abogadas asegurando que, producido el hecho del parto, la adopción o acogimiento, dispongan de un tiempo prudencial para estar en su compañía.

  1. Facilitar que abogados y abogadas puedan colaborar en el cuidado de sus hijos y otros familiares a cargo; así como involucrarse en el día a día de sus hijos, creando así un ambiente favorable a la corresponsabilidad en el desempeño de las tareas del hogar y de la crianza de los hijos.

  1. Garantizar que abogados y abogadas dispongan de tiempo de ocio y períodos de descanso, inherentes al trabajo según la normativa internacional y nacional y sin que deba diferenciarse entre trabajo por cuenta ajena y propia a este respecto.

Por todo ello, con el fin de eliminar las desigualdades existentes que suponen una limitación en el desarrollo personal y profesional de la mujer frente al hombre por el mero hecho de serlo, el Grupo Parlamentario de ______________ presenta la siguiente Proposición de Ley:

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2 comentarios sobre “PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. PREÁMBULO

  1. Saludo la iniciativa, creo que es muy positiva. Planteo algunas sugerencias de modificación:

    * En la Exposición de Motivos: Parágrafo I

    Empezar el segundo párrafo de esta manera:
    “Un aspecto esencial de este principio de igualdad es la que debe existir entre hombres y mujeres. Esta faceta primordial de la igualdad tiene que ser garantizada … ”
    Creo que es necesario mencionar de forma expresa la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual no se hace en el parágrafo, se habla de la igualdad en general.

    Parágrafo III
    – Suprimir el “Que” inicial. Creo que sobra y deja la frase rara.
    – Añadir al final del segundo párrafo el siguiente texto:
    “Se ha producido así con demasiada frecuencia una absoluta imposibilidad de conciliación de la vida profesional con la familiar, circunstancia que han padecido principalmente las Abogadas: imposibilidad de suspender vistas pese a ser inminente la fecha de dar a luz o incluso coincidir con ella, imposibilidad de disfrutar de ningún tipo de pausa o descanso profesional por la reciente maternidad, imposibilidad de atender adecuadamente la lactancia de los hijos, etc.”

    Me parece necesario citar los problemas reales que se han producido y se siguen produciendo, y que afectan a las Abogadas, como parte fundamental de la motivación de la norma.

    * Artículo 1:
    – Nº 6 del artículo 19: cambiar “a partir de la semana treinta y dos de embarazo” del sitio donde está, al final del párrafo, a la primera línea, después de “suspensión del proceso” y antes de la coma. La frase quedaría así:
    “… podrá solicitar a suspensión del proceso a partir de la semana treinta y dos de embarazo, que será acordada por el Letrado …”

    Me parece que mejora la expresión.

    – Nº 7 del artículo 19: cambiar la frase “en caso de parto, adopción o acogimiento” por la siguiente:

    “en caso de paternidad o maternidad en virtud de parto o adopción, o en caso de acogimiento de menores”
    Y se cambiaría, como en el nº 6, del final del párrafo a después de “suspensión del proceso”.

    Creo, al igual que en el caso anterior, que estos cambios mejoran la expresión.

    * Artículo 3:
    Nº 5º del art. 188: Reconociendo el esfuerzo de la propuesta, creo que no es necesaria, yo dejaría ese número como está, creo que recoge bien las contingencias posibles y es suficiente para el fin de conciliación pretendido. Únicamente, yo propondría la supresión de las palabras “baja por” de la primera frase del párrafo, puesto que precisamente baja por paternidad o maternidad es lo que no tenemos. O sea, que el párrafo empezaría así:
    “Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o maternidad o paternidad del abogado de la parte …”

    Reitero mis felicitaciones por la iniciativa. Saludos,
    Enrique García de Viedma Serrano, perteneciente al Colegio de Abogados de Burgos.

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  2. Sugiero incluir como causa de Suspensión a instancia de una de las partes los supuestos de señalamientos cuyo comienzo se retrase más de una/dos horas respecto de la inicialmente señalada.
    Un saludo

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